Desprestigiar el sistema de oposiciones para acabar con ellas
Recientemente hemos asistido a un proceso de oposiciones para seleccionar docentes de Enseñanza Secundaria con resultados catastróficos en todas las comunidades autónomas donde se han celebrado estas pruebas: en casi todas ellas han suspendido ya desde la primera prueba entre el 80 y 90 por ciento de aspirantes (muchos de ellos docentes interinos en activo, la gran mayoría licenciados con varios másteres e incluso doctorados).
Escribimos proceso de oposiciones donde tal vez debiéramos decir simulacro o pantomima de oposición, pues a todas luces algo se ha hecho intencionadamente mal para que los resultados difieran tantísimo respecto a los de similares procesos selectivos que se daban por ejemplo hace una década.
En realidad, la explicación es muy sencilla. Se ha generalizado en otras comunidades autónomas la estrategia que ya Lucía Figar empleara con éxito en la Comunidad de Madrid: denigrar el proceso de oposiciones para acabar con él, y crear un contexto favorable a la implantación del discutible MIR docente o a la selección del profesorado a dedo (ya vigente en Cataluña, por ejemplo). A la vez, se denigra al personal docente interino para justificar de cara a la opinión pública su precariedad laboral (y por extensión a todo el personal docente: si el profesor de tu hijo saca un 1 en un examen, es más fácil que estés de acuerdo con que se le recorte el salario o se diga que es un vago incompetente).
¿Cómo se está saboteando el proceso de oposición desde la propia Administración?
Algunas constantes que se han dado en todos los procesos selectivos para elegir docentes en las distintas CC. AA. han sido las bajas notas, las pruebas diseñadas deficientemente para dejar plazas desiertas de forma premeditada, el control férreo sobre los tribunales por parte de la Administración para sabotear todo el proceso, el escaso tiempo de correcciones por parte de los tribunales que vuelven arbitrario el proceso o la opacidad del mismo (en muchos casos ni siquiera se muestra al opositor una respuesta escrita a su reclamación de nota, algo a lo que tiene derecho todo alumno de instituto en caso de reclamación, por ejemplo).
Todas estas constantes no nos parecen casuales sino que sostenemos que sirven a un uso perverso del sistema de oposiciones por parte de la Administración, que maltrata a su propio personal interino con el fin de mantenerle en una situación de precariedad laboral a perpetuidad para así abaratar costes de personal.
En primer lugar, es palmario que no existe voluntad de dar las plazas que se ofertan. Se anuncian determinadas plazas pero expresamente se endurece el proceso de oposición con el fin de no ocuparlas y de desprestigiar al profesorado, extendiendo la idea de que, si el opositor no supera la prueba, es porque no cuenta con la formación adecuada. Si dichas plazas están presupuestadas, deben darse en el concurso-oposición. ¿Por qué no se hace así? En realidad, ni siquiera son vacantes nuevas, sino ya existentes que no se sacan a concurso y que están ocupadas por interinos en deliberado fraude de ley de manera perpetua.
Para no dar esas plazas ha sido preciso sabotear las normas de la propia convocatoria. Se ha saboteado la fase de concurso del proceso (concurso-oposición) e incluso la fase de didáctica, creando un proceso en el que prácticamente nadie supera la primera prueba, salvo aquellos dedicados plenamente al estudio (los aspirantes no interinos).
Al presionar la Administración para que se puntúen los exámenes con notas muy bajas, prácticamente no llegan aspirantes al segundo examen de la prueba (el didáctico). Que apenas lleguen opositores a esta prueba favorece la rotación de personal y la precariedad, aspecto con el que la Administración está encantada, porque el examen de didáctica es aquel que favorece a los interinos, quienes disponen de menos tiempo para estudiar contenidos teóricos (evaluados en el primer examen) pero normalmente se desenvuelven mejor en la prueba de didáctica (son quienes tienen más experiencia y práctica enseñando).
Y si casi nadie llega a la segunda parte del examen, diremos que la fase de concurso es ya mera ficción, pues la criba se realiza de modo tan duro que al llegar a ella hay menos aspirantes que plazas disponibles (algo que, por ejemplo, ha sucedido este año en Madrid en las especialidades como Lengua y Física y Química, pero que lleva pasando un lustro al menos en Matemáticas, donde es tradición ofertar plazas que finalmente no encuentran dueño). De este modo el concurso-oposición se convierte intencionadamente en un falso concurso: no importan los méritos porque pasar los exámenes es garantía casi segura de tener plaza (de nuevo los perjudicados son los docentes interinos ya en activo, cuya experiencia a juicio de la Administración para la que trabajan no vale nada). Solamente entre un 10 y un 20 por ciento de opositores han pasado la primera fase de la oposición (la prueba de contenidos teóricos), de manera que en muchas especialidades ni siquiera llegan a ser tantos como plazas disponibles se ofertaban.
Pruebas mal diseñadas y directrices estrictas para corregirlas
Explicaremos someramente por qué consideramos que las pruebas están mal diseñadas:
- Hay pruebas que no se ajustan al nivel de lo que debe saber un profesor de Secundaria (el caso paradigmático sería el de Matemáticas, donde el nivel de dificultad de los ejercicios prácticos en el tiempo disponible vuelve la prueba sencillamente irrealizable, como reconocen los propios tribunales); otras están obsoletas y tampoco es que se ajusten al currículo (el comentario filológico, por ejemplo, que se pide en Lengua, no se trabaja así en nuestras etapas y menos el de textos históricos, como el que han debido hacer los aspirantes este año en Madrid). Por otro lado, el tiempo disponible es en muchos casos ridículo, convirtiéndose las pruebas en ejercicios de resistencia, donde el que tras horas y horas de examen a 40º mantiene los nervios a raya obtiene un mejor resultado. Evidentemente estas pruebas no sirven para elegir a un buen docente de Secundaria (mejor pensadas para cribar a opositores al cuerpo de bomberos o de técnico especialista en la desactivación de artefactos explosivos) porque estos contenidos muchas veces ni siquiera se imparten en Secundaria. Pero en lugar de poner rojo de vergüenza al que diseña estas pruebas la Administración logra que los propios docentes acabemos cruzando acusaciones ridículas entre opositores-tribunales.
- La calificación de los prácticos (y en algunos tribunales incluso de los temas) es cada día más estricta, sin tener nada que ver con las oposiciones que se hacían hace una década, hasta un punto en que las calificaciones son sencillamente irreales (temas y programaciones hechos por un mismo aspirante en distintas convocatorias se han calificado con hasta con cuatro puntos de diferencia en ambos procesos selectivos: algo que sería un escándalo si sucediera a un alumno de instituto o universidad). Esta minusvaloración de los ejercicios de los opositores responde a la estrategia de la Administración de pretender hacer creer que saca muchas plazas pero con la intención real de repartir muy pocas de ellas, pues la mayor parte se van a dejar desiertas en varias especialidades.
- En definitiva, el sistema actual está diseñado para penalizar al interino y mantener la rotación de trabajadores temporales. Esto favorece la precariedad, los interinos eternos y abarata costes (es obvio que favorece siempre a los más jóvenes y sin cargas familiares, es decir, los no-interinos).
Nueva propuesta de sistema de acceso por concurso-oposición
Si tuviéramos que definir las líneas para una nueva propuesta de oposición y examen, desde este colectivo proponemos que se fundamente en los puntos siguientes:
- Que sea adecuado a los requisitos que debe tener un profesor de Infantil, Primaria o Secundaria, o del cuerpo correspondiente en cada caso, y a los contenidos que emplea en su labor docente. No tiene sentido basar los ejercicios prácticos en autores que no se imparten en el temario de Secundaria ni Bachillerato (caso de las especialidades de Filosofía o Lengua de este año, por ejemplo).
- La nota no debería refrendarse en cada convocatoria sino que un profesor debería presentarse a subirla solo de forma voluntaria, pues se mantendría una vez conseguida.
- La ponderación de las pruebas debería ser equitativa y dar similar valor a ambas partes del primer examen (tema y prácticos); por ejemplo, la que existía antiguamente: 60-40 a favor del tema, o bien 50-50. Además, la parte teórica no debería ser eliminatoria, sino que todos los aspirantes realicen la parte de contenidos (tema y prácticos) y la parte didáctica (programación y unidad), siendo su nota un compendio de ambas pruebas. Los conocimientos son esenciales, y los tiene más frescos quien sale de la universidad; la didáctica y aptitudes de exposición oral para un docente no lo son menos, y eso favorece al interino. Por otro lado, el tiempo destinado a las pruebas debe ser razonable y mayor que en la actualidad, donde muchas pruebas son maratones de resistencia. Y los prácticos no deberían valer como ahora mismo un 70 por ciento del examen, sencillamente por prudencia: son la parte que más fácilmente puede filtrarse.
- Urge establecer medidas de control para evitar las calificaciones arbitrarias: menos opositores por tribunal; exámenes y deliberaciones de los tribunales abiertos al público; alargar el tiempo destinado al proceso para contar con tiempo adecuado y ajustado a la legalidad para la corrección de las pruebas (los tribunales corrigen a veces 12 horas al día); establecer un sistema de correcciones justificadas y escritas al opositor, así como un sistema de reclamaciones objetivo y detallado, realizado por un tribunal distinto al que establece la nota reclamada; grabación de las pruebas para que puedan consultarse las exposiciones orales en caso de reclamación; remuneración adecuada a los tribunales; tribunales solo forzosos y por sorteo (los tribunales voluntarios pueden responder a intereses espurios) y, en caso de aceptarse los tribunales voluntarios, proponemos la inhabilitación o apertura de expediente y sanción grave a los preparadores de oposiciones que se presentan como tribunales voluntarios al proceso selectivo (situación extremadamente grave que se da en la actualidad).
- Los presidentes de los tribunales (especialmente, el del tribunal 1 de cada especialidad, que es el que regula y coordina el proceso) no deben ser designados discrecionalmente por la Administración como sucede actualmente, sino que deberían ser seleccionados conforme a criterios objetivos de currículo, bien en su especialidad, bien en innovación pedagógica, o por votación abierta de la comunidad docente de compañeros de su especialidad, dentro de un listado de candidatos posibles, o bien por sorteo, como se hace con los miembros de un tribunal ordinario.
- Un examen tipo MIR es inviable en muchas especialidades y solo perjudicaría a los opositores menos jóvenes o con responsabilidades familiares, luego también impediría la consolidación de empleo. Por ello, entendemos que los exámenes deben ser de desarrollo, análisis o comentario de textos o documentos, así como de ejercicios o supuestos prácticos, tal y como son en la actualidad, pues de otra forma no pueden medirse la madurez y capacidad crítica del aspirante.
Soluciones colectivas a un problema de falta de consolidación de empleo
El problema que nos atañe no es un problema individual. Lo que se pretende desde la Administración es evitar a toda costa dar estabilidad al profesorado, al que se busca convertir en personal precario. Esta competencia feroz para conseguir un puesto de trabajo sería sencillamente inconcebible en la empresa privada. ¿Alguna empresa privada pondría a competir anual o bienalmente a cada uno de sus trabajadores con nuevos aspirantes a un puesto para ver cuál resulta agraciado y ocupa el puesto durante los próximos dos años?
Eso mismo es lo que sucede con interinos que llevan largo tiempo (a veces décadas) sacando el trabajo más ingrato en los institutos, preparando a los alumnos para la EVAU, siendo jefes de departamento, tutores, etc. ¿Estos trabajadores qué tienen que demostrar que no hayan demostrado ya? ¿Si no estuvieran cualificados para realizar el trabajo que desempeñan no habrían sido ya apartados del servicio por la inspección educativa?
Nos enfrentamos a un problema colectivo de consolidación de empleo, no a enfrentamientos individuales ni meritocráticos (como de forma interesada nos quieren hacer creer). Tampoco es una lucha opositores-tribunales ni opositores nuevos-opositores interinos. Los profesores deben ser funcionarios para blindar su libertad de cátedra. El problema no es el sistema de oposiciones sino cómo este se ha sido convertido en una tomadura de pelo. Por tanto, la «escabechina» vivida en las últimas oposiciones a docentes en España se debe enmarcar dentro de la estrategia de destrucción y desmantelamiento de la educación pública que se lleva desarrollando durante los últimos años en nuestro país, con bastante éxito, por cierto.
Exijamos responsabilidades
Como docentes, seamos ya funcionarios de carrera, funcionarios interinos o aspirantes a serlo, debemos exigir colectivamente a la Administración un proceso de oposiciones justo, que no se emplee para degradar nuestras condiciones laborales, aparejado de un proceso transparente de reclamaciones. Es intolerable que se use el sistema de oposiciones, el único que permite a cualquier ciudadano acceder en igualdad de condiciones a un puesto público, para denigrar a nuestro colectivo y para precarizarlo.
Es por ello que funcionarios de carrera, interinos y aspirantes a serlo, opositores y tribunales, debemos pedir responsabilidades y destituciones en las consejerías de Educación que a lo largo de todo el Estado han diseñado mal a sabiendas un proceso selectivo con el fin de dejar desiertas las vacantes ofertadas. Tal vez hoy este proceso mal diseñado beneficie a quienes acaban de acceder al sistema de oposiciones, pero a la larga, también a los nuevos aspirantes les perjudicará un sistema que no da estabilidad laboral al personal, así como perjudica a nuestros alumnos, cuyos profesores tienen que detraer tiempo a las tareas docentes para dedicarlo al estudio perpetuo.
En definitiva, el simulacro de proceso selectivo docente al que acabamos de asistir constituye un ataque a los trabajadores de la docencia que no se puede tolerar y ante el que debemos y podemos responder colectivamente. La defensa de una escuela pública de todos y para todos exige que se reivindique un proceso de selección de sus profesionales limpio, garantista y justo.
Soy Pública 