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OPOSICIONES DOCENTES 2018: LA GRAN ESTAFA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Desprestigiar el sistema de oposiciones para acabar con ellas

Recientemente hemos asistido a un proceso de oposiciones para seleccionar docentes de Enseñanza Secundaria con resultados catastróficos en todas las comunidades autónomas donde se han celebrado estas pruebas: en casi todas ellas han suspendido ya desde la primera prueba entre el 80 y 90 por ciento de aspirantes (muchos de ellos docentes interinos en activo, la gran mayoría licenciados con varios másteres e incluso doctorados).

Escribimos proceso de oposiciones donde tal vez debiéramos decir simulacro o pantomima de oposición, pues a todas luces algo se ha hecho intencionadamente mal para que los resultados difieran tantísimo respecto a los de similares procesos selectivos que se daban por ejemplo hace una década.

En realidad, la explicación es muy sencilla. Se ha generalizado en otras comunidades autónomas la estrategia que ya Lucía Figar empleara con éxito en la Comunidad de Madrid: denigrar el proceso de oposiciones para acabar con él, y crear un contexto favorable a la implantación del discutible MIR docente o a la selección del profesorado a dedo (ya vigente en Cataluña, por ejemplo). A la vez, se denigra al personal docente interino para justificar de cara a la opinión pública su precariedad laboral (y por extensión a todo el personal docente: si el profesor de tu hijo saca un 1 en un examen, es más fácil que estés de acuerdo con que se le recorte el salario o se diga que es un vago incompetente).

 

¿Cómo se está saboteando el proceso de oposición desde la propia Administración?

Algunas constantes que se han dado en todos los procesos selectivos para elegir docentes en las distintas CC. AA. han sido las bajas notas, las pruebas diseñadas deficientemente para dejar plazas desiertas de forma premeditada, el control férreo sobre los tribunales por parte de la Administración para sabotear todo el proceso, el escaso tiempo de correcciones por parte de los tribunales que vuelven arbitrario el proceso o la opacidad del mismo (en muchos casos ni siquiera se muestra al opositor una respuesta escrita a su reclamación de nota, algo a lo que tiene derecho todo alumno de instituto en caso de reclamación, por ejemplo).

Todas estas constantes no nos parecen casuales sino que sostenemos que sirven a un uso perverso del sistema de oposiciones por parte de la Administración, que maltrata a su propio personal interino con el fin de mantenerle en una situación de precariedad laboral  a perpetuidad para así abaratar costes de personal.

En primer lugar, es palmario que no existe voluntad de dar las plazas que se ofertan. Se anuncian determinadas plazas pero expresamente se endurece el proceso de oposición con el fin de no ocuparlas y de desprestigiar al profesorado, extendiendo la idea de que, si el opositor no supera la prueba, es porque no cuenta con la formación adecuada. Si dichas plazas están presupuestadas, deben darse en el concurso-oposición. ¿Por qué no se hace así?  En realidad, ni siquiera son vacantes nuevas, sino ya existentes que no se sacan a concurso y que están ocupadas por interinos en deliberado fraude de ley de manera perpetua.

Para no dar esas plazas ha sido preciso sabotear las normas de la propia convocatoria. Se ha saboteado la fase de concurso del proceso (concurso-oposición) e incluso la fase de didáctica, creando un proceso en el que prácticamente nadie supera la primera prueba, salvo aquellos dedicados plenamente al estudio (los aspirantes no interinos).

Al presionar la Administración para que se puntúen los exámenes con notas muy bajas, prácticamente no llegan aspirantes al segundo examen de la prueba (el didáctico). Que apenas lleguen opositores a esta prueba favorece la rotación de personal y la precariedad, aspecto con el que la Administración está encantada, porque el examen de didáctica es aquel que favorece a los interinos, quienes disponen de menos tiempo para estudiar contenidos teóricos (evaluados en el primer examen) pero normalmente se desenvuelven mejor en la prueba de didáctica (son quienes tienen más experiencia y práctica enseñando).

Y si casi nadie llega a la segunda parte del examen, diremos que la fase de concurso es ya mera ficción, pues la criba se realiza de modo tan duro que al llegar a ella hay menos aspirantes que plazas disponibles (algo que, por ejemplo, ha sucedido este año en Madrid en las especialidades como Lengua y Física y Química, pero que lleva pasando un lustro al menos en Matemáticas, donde es tradición ofertar plazas que finalmente no encuentran dueño). De este modo el concurso-oposición se convierte intencionadamente en un falso concurso: no importan los méritos porque pasar los exámenes es garantía casi segura de tener plaza (de nuevo los perjudicados son los docentes interinos ya en activo, cuya experiencia a juicio de la Administración para la que trabajan no vale nada). Solamente entre un 10 y un 20 por ciento de opositores han pasado la primera fase de la oposición (la prueba de contenidos teóricos), de manera que en muchas especialidades ni siquiera llegan a ser tantos como plazas disponibles se ofertaban.

 

Pruebas mal diseñadas y directrices estrictas para corregirlas

Explicaremos someramente por qué consideramos que las pruebas están mal diseñadas:

  1. Hay pruebas que no se ajustan al nivel de lo que debe saber un profesor de Secundaria (el caso paradigmático sería el de Matemáticas, donde el nivel de dificultad de los ejercicios prácticos en el tiempo disponible vuelve la prueba sencillamente irrealizable, como reconocen los propios tribunales); otras están obsoletas y tampoco es que se ajusten al currículo (el comentario filológico, por ejemplo, que se pide en Lengua, no se trabaja así en nuestras etapas y menos el de textos históricos, como el que han debido hacer los aspirantes este año en Madrid). Por otro lado, el tiempo disponible es en muchos casos ridículo, convirtiéndose las pruebas en ejercicios de resistencia, donde el que tras horas y horas de examen a 40º mantiene los nervios a raya obtiene un mejor resultado. Evidentemente estas pruebas no sirven para elegir a un buen docente de Secundaria (mejor pensadas para cribar a opositores al cuerpo de bomberos o de técnico especialista en la desactivación de artefactos explosivos) porque estos contenidos muchas veces ni siquiera se imparten en Secundaria. Pero en lugar de poner rojo de vergüenza al que diseña estas pruebas la Administración logra que los propios docentes acabemos cruzando acusaciones ridículas entre opositores-tribunales.
  2. La calificación de los prácticos (y en algunos tribunales incluso de los temas) es cada día más estricta, sin tener nada que ver con las oposiciones que se hacían hace una década, hasta un punto en que las calificaciones son sencillamente irreales (temas y programaciones hechos por un mismo aspirante en distintas convocatorias se han calificado con hasta con cuatro puntos de diferencia en ambos procesos selectivos: algo que sería un escándalo si sucediera a un alumno de instituto o universidad). Esta minusvaloración de los ejercicios de los opositores responde a la estrategia de la Administración de pretender hacer creer que saca muchas plazas pero con la intención real de repartir muy pocas de ellas, pues la mayor parte se van a dejar desiertas en varias especialidades.
  3. En definitiva, el sistema actual está diseñado para penalizar al interino y mantener la rotación de trabajadores temporales. Esto favorece la precariedad, los interinos eternos y abarata costes (es obvio que favorece siempre a los más jóvenes y sin cargas familiares, es decir, los no-interinos).

 

Nueva propuesta de sistema de acceso por concurso-oposición

Si tuviéramos que definir las líneas para una nueva propuesta de oposición y examen, desde este colectivo proponemos que se fundamente en los puntos siguientes:

  1. Que sea adecuado a los requisitos que debe tener un profesor de Infantil, Primaria o Secundaria, o del cuerpo correspondiente en cada caso, y a los contenidos que emplea en su labor docente. No tiene sentido basar los ejercicios prácticos en autores que no se imparten en el temario de Secundaria ni Bachillerato (caso de las especialidades de Filosofía o Lengua de este año, por ejemplo).
  2. La nota no debería refrendarse en cada convocatoria sino que un profesor debería presentarse a subirla solo de forma voluntaria, pues se mantendría una vez conseguida.
  3. La ponderación de las pruebas debería ser equitativa y dar similar valor a ambas partes del primer examen (tema y prácticos); por ejemplo, la que existía antiguamente: 60-40 a favor del tema, o bien 50-50. Además, la parte teórica no debería ser eliminatoria, sino que todos los aspirantes realicen la parte de contenidos (tema y prácticos) y la parte didáctica (programación y unidad), siendo su nota un compendio de ambas pruebas. Los conocimientos son esenciales, y los tiene más frescos quien sale de la universidad; la didáctica y aptitudes de exposición oral para un docente no lo son menos, y eso favorece al interino. Por otro lado, el tiempo destinado a las pruebas debe ser razonable y mayor que en la actualidad, donde muchas pruebas son maratones de resistencia. Y los prácticos no deberían valer como ahora mismo un 70 por ciento del examen, sencillamente por prudencia: son la parte que más fácilmente puede filtrarse.
  4. Urge establecer medidas de control para evitar las calificaciones arbitrarias: menos opositores por tribunal; exámenes y deliberaciones de los tribunales abiertos al público; alargar el tiempo destinado al proceso para contar con tiempo adecuado y ajustado a la legalidad para la corrección de las pruebas (los tribunales corrigen a veces 12 horas al día); establecer un sistema de correcciones justificadas y escritas al opositor, así como un sistema de reclamaciones objetivo y detallado, realizado por un tribunal distinto al que establece la nota reclamada; grabación de las pruebas para que puedan consultarse las exposiciones orales en caso de reclamación; remuneración adecuada a los tribunales; tribunales solo forzosos y por sorteo (los tribunales voluntarios pueden responder a intereses espurios) y, en caso de aceptarse los tribunales voluntarios, proponemos la inhabilitación o apertura de expediente y sanción grave a los preparadores de oposiciones que se presentan como tribunales voluntarios al proceso selectivo (situación extremadamente grave que se da en la actualidad).
  5. Los presidentes de los tribunales (especialmente, el del tribunal 1 de cada especialidad, que es el que regula y coordina el proceso) no deben ser designados discrecionalmente por la Administración como sucede actualmente, sino que deberían ser seleccionados conforme a criterios objetivos de currículo, bien en su especialidad, bien en innovación pedagógica, o por votación abierta de la comunidad docente de compañeros de su especialidad, dentro de un listado de candidatos posibles, o bien por sorteo, como se hace con los miembros de un tribunal ordinario.
  6. Un examen tipo MIR es inviable en muchas especialidades y solo perjudicaría a los opositores menos jóvenes o con responsabilidades familiares, luego también impediría la consolidación de empleo. Por ello, entendemos que los exámenes deben ser de desarrollo, análisis o comentario de textos o documentos, así como de ejercicios o supuestos prácticos, tal y como son en la actualidad, pues de otra forma no pueden medirse la madurez y capacidad crítica del aspirante.

 

Soluciones colectivas a un problema de falta de consolidación de empleo

El problema que nos atañe no es un problema individual. Lo que se pretende desde la Administración es evitar a toda costa dar estabilidad al profesorado, al que se busca convertir en personal precario. Esta competencia feroz para conseguir un puesto de trabajo sería sencillamente inconcebible en la empresa privada. ¿Alguna empresa privada pondría a competir anual o bienalmente a cada uno de sus trabajadores con nuevos aspirantes a un puesto para ver cuál resulta agraciado y ocupa el puesto durante los próximos dos años?

Eso mismo es lo que sucede con interinos que llevan largo tiempo (a veces décadas) sacando el trabajo más ingrato en los institutos, preparando a los alumnos para la EVAU, siendo jefes de departamento, tutores, etc. ¿Estos trabajadores qué tienen que demostrar que no hayan demostrado ya? ¿Si no estuvieran cualificados para realizar el trabajo que desempeñan no habrían sido ya apartados del servicio por la inspección educativa?

Nos enfrentamos a un problema colectivo de consolidación de empleo, no a enfrentamientos individuales ni meritocráticos (como de forma interesada nos quieren hacer creer). Tampoco es una lucha opositores-tribunales ni opositores nuevos-opositores interinos. Los profesores deben ser funcionarios para blindar su libertad de cátedra. El problema no es el sistema de oposiciones sino cómo este se ha sido convertido en una tomadura de pelo. Por tanto, la «escabechina» vivida en las últimas oposiciones a docentes en España se debe enmarcar dentro de la estrategia de destrucción y desmantelamiento de la educación pública que se lleva desarrollando durante los últimos años en nuestro país, con bastante éxito, por cierto.

 

Exijamos responsabilidades

Como docentes, seamos ya funcionarios de carrera, funcionarios interinos o aspirantes a serlo, debemos exigir colectivamente a la Administración un proceso de oposiciones justo, que no se emplee para degradar nuestras condiciones laborales, aparejado de un proceso transparente de reclamaciones. Es intolerable que se use el sistema de oposiciones, el único que permite a cualquier ciudadano acceder en igualdad de condiciones a un puesto público, para denigrar a nuestro colectivo y para precarizarlo.

Es por ello que funcionarios de carrera, interinos y aspirantes a serlo, opositores y tribunales, debemos pedir responsabilidades y destituciones en las consejerías de Educación que a lo largo de todo el Estado han diseñado mal a sabiendas un proceso selectivo con el fin de dejar desiertas las vacantes ofertadas. Tal vez hoy este proceso mal diseñado beneficie a quienes acaban de acceder al sistema de oposiciones, pero a la larga, también a los nuevos aspirantes les perjudicará un sistema que no da estabilidad laboral al personal, así como perjudica a nuestros alumnos, cuyos profesores tienen que detraer tiempo a las tareas docentes para dedicarlo al estudio perpetuo.

En definitiva, el simulacro de proceso selectivo docente al que acabamos de asistir constituye un ataque a los trabajadores de la docencia que no se puede tolerar y ante el que debemos y podemos responder colectivamente. La defensa de una escuela pública de todos y para todos exige que se reivindique un proceso de selección de sus profesionales limpio, garantista y justo.

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10 comentarios sobre “OPOSICIONES DOCENTES 2018: LA GRAN ESTAFA DE LA ADMINISTRACIÓN.

  1. Lo de cruces de acusaciones ‘ridículas’ entre opositores y tribunos, es su opinión. Algunos creemos que un tribunal compuesto por licenciados no está preparado para evaluar el conocimiento de la parte teórica de un doctor. Máxime si este ha tenido la ‘suerte’ de poder desarrollar un tema que es de su especialidad.

    Se puede dar el caso de que el tribunal no comprenda ciertos conceptos desarrollados por el candidato y no los puntúen adecuadamente. Además, el práctico es, en el fondo, una aplicación de dicha teoría, con lo que también pueden ser mal evaluados. Esto puede suceder en todas las etapas de la oposición.

    No decimos que lo demás que se está afirmando en este post sea falso, pero la apreciación que hace sobre la diferencia entre tribunos y candidatos es intencionadamente subjetiva. Los datos son los datos: (i) ser doctor no es requisito para ser tribuno, (ii) muchos de los que se han presentado son doctores.

    Esto no quiere decir que el nivel de las oposiciones deba ser de postgrado, pero sí que el nivel de los tribunos debe de serlo.

    1. No sé le entiendo bien. ¿Lo que usted propone es que el nivel académico de los tribunales tiene que ser igual o superior al nivel académico del candidato con más estudios? ¿Que si un catedrático se presenta a unas oposiciones para un puesto de agente de reparto en Correos, el tribunal que le examine debe poseer, al menos, una cátedra? Y todo para evitar la posibilidad de que un tribunal no comprenda unos complejos conceptos que no se le exigen al opositor. Y dado que los doctores suelen manejar complicados conceptos fundamentalmente en aquellos campos en los que están especializados, su propuesta es, por tanto, que los tribunales estén compuestos por doctores de todos los estudios posibles, ¿o no? Es decir, que el tribunal de Geografía e Historia ha de tener, al menos, un doctor de Ciencias de la Religiones, otro de Mundo Antiguo, uno más de Geografía, alguno de Historia Contemporánea, sin olvidar el de Historia del Arte y el de Arqueología y, a ser posible, uno más de Musicología. ¿No será mejor que el doctor aspirante a profesor de Secundaria adapte sus elevados conocimientos conceptuales al nivel que se le exige y evalúa y demuestre su competencia para impartir una materia a un alumnado que, en su mayoría, tiene entre 12 y 18 años?

      1. Uno de los problemas está en que los tribunales, actualmente, ni siquiera saben bien cómo corregir las pruebas teóricas. Una vez que han salido las bolas de los temas, se lanzan como locos en una carrera durante unos días a intentar informarse como pueden para corregir. Esto incluye hacerse con temarios de academias (que no están bien hechos y son todas dispares), internet, etc. Y lo mismo pasa con algunas cuestiones de los prácticos.

        Otro problema es que estos profesores tribunos no están actualizados. En algunas disciplinas ha habido cambios en los últimos …¡20 años!… y no solo siguen enseñando conceptos desfasados en clase, sino que, al ser tribunales, imposibilitan que dicha actualización llegue a las aulas porque califican ‘de aquella manera’ si aparece alguno de esos conceptos que desconocen, o estos conceptos desmienten los suyos en los exámenes de los candidatos.

        He aquí un ejemplo:
        https://zaragozalinguistica.wordpress.com/2018/05/24/gramatica-una-ciencia-de-pacotilla/

        Y como los opositores no pueden ver sus exámenes porque los tribunales no los enseñan, pues no se ha podido demostrar, hasta ahora. Me explico: Algunos de los candidatos eran doctores que han desarrollado un tema de su especialidad, y en esta convocatoria han sucedido dos variables “interesantísimas”: 1 – los candidatos se han llevado las copias (hojas fotocopiables) de sus exámenes. 2 – Las notas en esta oposición han sido excepcionalmente bajas (incluso 0,0). Por ello están más seguros que nunca de que las correcciones han sido un despropósito general. Y parte (no todo) de este despropósito es la falta de preparación de estos tribunales.

        Esto no solo ha perjudicado a los doctores que se han presentado, sino también (y sobre todo) a los licenciados: algunos de ellos pueden haber hecho muy buenos temas, pero como la corrección es arbitraria por las razones que comento, pueden haber tenido nota muy baja. El hecho de que esto le haya pasado a doctores lo que hace es confirmarlo.

        Las pruebas de la primera parte son para medir conocimientos, incluido el práctico. No son para medir habilidades pedagógicas. Esas pruebas vienen después: en la defensa de la programación y la unidad didáctica. Por lo tanto no se trata de “adaptar” los conocimientos, sino de exponer lo que uno sabe, y de aplicarlo en el práctico.

        En cuanto a la edad de los ‘niños’, como usted bien dice, estas oscilan de los 12 a los 18. No es por casualidad que en algunos centros algunos profesores son incapaces de dar su materia a alumnos de bachillerato, que están en las puertas de la universidad. También es habitual que en las universidades se quejen de que los alumnos tienen que desaprender lo que aprendieron en secundaria porque estaba mal. El principio de esta perversa cadena se encuentra en la falta de preparación de los tribunales, que criban en el primer ejercicio de la oposición a quien, por poner un ejemplo algo exagerado pero vistoso, no diga que ‘la tierra es plana’.

        No se puede argumentar que, como es complicado y probablemente caro tener tribunales bien preparados, esto no se puede llevar a cabo. Eso deslegitimaría automáticamente los argumentos de los que defienden que tanto la sanidad como la educación pública no tienen que ser rentables. Simplemente es un derecho.

  2. De acuerdo con lo escrito y con la matización de @Silverht. A lo que yo añadiría el despropósito que ha sido en Madrid NEGAR a los opositores el acceso a los medios informáticos del centro. No tiene mucho sentido promocionar las TICE y luego PROHIBIR el uso de cañones, ordenadores y wifi a los aspirantes que, si querían hacer uso de estos medios, debían traerlos de casa, incluida la conexión a internet.

  3. Sin estar en desacuerdo con las ideas principales del artículo, sí lo estoy con una importante: “Los profesores deben ser funcionarios para blindar su libertad de cátedra.”
    No es cierto que los profesores deban ser funcionarios, de hecho gran parte de ellos no lo son, algunos llevan años dando clase e incluso dirigiendo departamentos siendo interinos. Pienso que el funcionariado aporta más inconvenientes que ventajas a la docencia. Es evidente que, debe buscarse la estabilidad de los profesores, no sólo por su bien laboral, sino también y sobre todo por el de sus alumnos, los proyectos de centro se ven dificultados cada año a la espera del personal que envíe la administración, etc, pero la forma de establecer esa estabilidad y continuidad no pasa necesariamente por el sistema funcionarial. Un contrato indefinido como el que se tiene en una empresa privada da la misma estabilidad si el trabajo está bien hecho y si por desgracia a pesar de ello el puesto deja de ser necesario la experiencia y el currículo servirían para ubicarse en otro centro como cualquier otro trabajador. Los privilegios del funcionariado no mejoran en absoluto la práctica docente y en algunos casos son de hecho contraproducentes, esos pocos casos que dan mala fama pero que existen.

  4. También deberían prohibirse los miembros de tribunales voluntarios. Como máximo, el presidente.
    Los voluntarios son una anomalía con la que nos quedamos tranquilos pensando que baja la probabilidad de que nos fastidien las vacaciones a los demás.

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