CONTRA EL CHEQUE ESCOLAR, POR LA VERDADERA LIBERTAD EDUCATIVA.

¿POR QUÉ EL CHEQUE ESCOLAR ES LO PEOR QUE LE PUEDE PASAR A LA EDUCACIÓN ACTUAL?

En los últimos tiempos, partidos políticos como PP, Ciudadanos o Vox aspiran a solucionar todos los problemas del sistema escolar español promoviendo lo que ellos llaman «la libertad de elección educativa». Este significante vacío a menudo se formula de dos maneras diferentes: en su versión moderada, es una defensa de la educación concertada, tal y como la ha venido haciendo el PP en la Comunidad de Madrid durante la últimas dos décadas, y, en su vertiente más radical, la que ahora proponen Ciudadanos y Vox, viene encarnada por el cheque escolar.

Lo primero que hay que aclarar es que estos partidos conservadores (por llamarlos de algún modo) no defienden la libertad de elegir cómo educar a sus hijos, derecho recogido por la Constitución del 78; sino, muy al contrario, promulgan algo tan anticonstitucional como sufragar con fondos públicos la educación elitista y discrecional de unos pocos pudientes. Cuando se defienden los conciertos educativos y el cheque escolar apelando a «la libertad», se parte de un trampa discursiva que obvia de manera interesada que en nuestro país ya existe libertad educativa y que es un derecho garantizado y protegido por la Carta Magna y en normativas subordinadas.

Por tanto, no está de más recordar que los progenitores en nuestro país son no ya libres sino libérrimos de enseñar a sus hijos en las modalidades más extravagantes impartidas por las sectas más variopintas. Pensemos, por ejemplo, en la educación diferenciada por sexos, o en los colegios que dan prioridad a la educación religiosa y a la fe sobre los contenidos curriculares, o en los colegios donde el eje del proyecto educativo se supedita al aprendizaje del inglés, o en los colegios cuya forma de impartir los contenidos colisiona frontalmente con los derechos humanos en tanto que adoctrinan en la homofobia y el sexismo, etc. A nuestro juicio esta es la prueba de que el derecho a educar a sus hijos al albur del capricho de los padres está, lamentablemente, más que garantizado hoy en día en España. Y esto nos lleva precisamente a preguntarnos qué es ese engendro falsamente denominado libertad educativa, al que mejor haríamos en denominar libertad de adoctrinamiento, pues hoy más que nunca vemos necesario denunciar que la defensa política de estos postulados es la demostración de que la educación no avanza precisamente hacia la promoción del pensamiento crítico e ilustrado sino que se desliza peligrosamente hacia el fanatismo y la repetición de consignas que son la semilla del pensamiento totalitario.

¿Deben los hijos reproducir las ideas de los padres y los prejuicios de los maestros más escorados hacia la superstición? ¿O en cambio consideramos que los alumnos son sujetos independientes cuya autonomía y espíritu crítico se deben fomentar y proteger (incluso de los progenitores y profesores)? ¿Qué libertad debe garantizarse de forma prioritaria?¿La de los padres para adoctrinar a sus hijos o la de los hijos a ser educados en libertad, independientemente de las creencias de sus padres, profesores, políticos, coacher educativos y tertulianos de redes sociales?

En última instancia, la implantación del cheque escolar o la extensión del sistema dual esquizofrénico de la concertada/privada ni siquiera garantiza la libre elección de los contenidos que se imparten a los alumnos (recordemos que estos vienen recogidos en el currículo que marca la ley orgánica), sino que tan solo supone un trasvase de fondos públicos a manos privadas, que en última instancia es el único proyecto ideológico por el que apuestan los partidos de corte neoliberal (PP, Ciudadanos, Vox y, quién sabe si también el Psoe).

Sirvan como ejemplo países como Chile o Finlandia, dos modelos educativos antagónicos cuyos resultados también se encuentran en las Antípodas el uno del otro. Por ejemplo, en Chile se experimentó la implantación de un programa neoliberal basado en las privatizaciones de la educación pública, la subvención de la escuela privada y la implantación de una suerte de cheque escolar. En poco tiempo el deterioro de la educación en este país ha sido clamoroso y su único logro ha sido la generación de una brecha social donde la desigualdad amenaza la cohesión de una sociedad cada vez más polarizada. En el caso opuesto, encontramos el tan recurrente ejemplo de Finlandia, donde el 99 por ciento de los colegios e institutos son de titularidad pública frente a un residual 1 por ciento que pertenece a la red privada. El éxito de esta apuesta por lo público, por lo común, es tan conocido que resulta aburrido volver a repetir los datos que avalan este modelo.

Detrás del sintagma «libertad de elección» tan solo se esconde el deseo de privatizar y de impedir a las clases menos favorecidas el acceso a una educación pública de calidad, condenando a la escuela pública al mismo tiempo a asumir un papel subsidiario y asistencial que no le corresponde.

La escuela pública es la única que garantiza la verdadera educación en libertad. No nos cansaremos de repetirlo.

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Menos natalidad, menos ratio.¿Queremos una educación privatizada?

Menos natalidad, menos ratio.¿Queremos una educación privatizada?

Llevamos unos años detectando una bajada drástica en el número de unidades, especialmente en la pública. Es verdad que la natalidad en España es baja, pero esa cuestión por sí sola no explica el problema. En el siguiente artículo trataremos de dar respuesta a todos los interrogantes, así como aportar posibles soluciones.

En España contamos con una baja natalidad desde los años 70, cuando iniciamos el denominado régimen demográfico moderno. Este es, por tanto, un fenómeno sobradamente conocido. Pero esa baja natalidad ha sufrido fluctuaciones, creciendo, más o menos según el periodo.  En esta tabla podemos ver cómo ha variado el nº de jóvenes (menores de 15 años) desde 1999. El año con mayor número de jóvenes fue 2013. Desde entonces nos encontramos con un descenso, como consecuencia del retroceso de la natalidad experimentado los últimos años.

A menor número de población demandante de educación obligatoria, menor número de unidades. Esa es la realidad y el futuro si no bajan las ratios o se toman otras medidas. Es una consecuencia en principio lógica. Un futuro cierto si las cosas no cambian. Pero no se trata de un problema demográfico. Es un tema mucho más profundo y de mayor calado. Como podemos ver en la siguiente tabla, esa merma, en el caso de infantil, está repercutiendo, casi exclusivamente, en la enseñanza pública. El año en el que más unidades de infantil dispuso la enseñanza pública corresponde al curso 2012-13, curiosamente el curso en el que se aplicó en  toda España el Real Decreto 14/2012, que aumentaba la ratio y por tanto reducía unidades. Sin embargo, a partir de entonces las unidades en la privada no han dejado de crecer. La bajada de la natalidad no se refleja en los centros privados. Es curioso e inexplicable si no se tiene en cuenta la política. No se trata de un fenómeno natural sino que este hecho ha sido aprovechado políticamente para reforzar la educación privada sustrayéndole unidades a la educación que es de todos, la educación pública.

Si analizamos los datos desde el curso 2012-13,  la reducción de unidades se ha producido solo en la pública como demuestra esta otra tabla. En España se han perdido en este periodo  1035 unidades en Infantil. Pero si miramos los datos, la pública ha visto reducido su número de unidades 2641. Mientras, en la privada, se han ganado 1606 unidades. Nos hemos centrado en analizar esta etapa al ser la primera afectada por la bajada de la natalidad. Previsiblemente y si no hacemos nada para remediarlo, los próximos años podremos ver cómo este incremento de la privada frente a la pública se refleja en otras etapas educativas.

1. Unidades de E. Infantil (1) por titularidad del centro, comunidad  autónoma y periodo.

¿Por qué ha sucedido esto? ¿No hubiera sido más lógico que la bajada se repartiera equitativamente? La respuesta es que se ha ido imponiendo un determinado enfoque político que trasciende los partidos. Que la educación es contemplada por muchos como un negocio más no es ningún secreto. Las clases dirigentes de este país han optado, apoyándose en la bajada de la natalidad y en mantras fácilmente desmontables, como la libertad de elección de las familias, por imponer un modelo privatizador de la educación. Lo han hecho sin consultar a la ciudadanía, de forma unilateral y sin dar ni una sola explicación de sus consecuencias. En la siguiente tabla podemos ver que hay CCAA que han eliminado unidades solo en la pública, como son Baleares y Andalucía, gobernadas por el PSOE (esta última hasta diciembre de 2018)  o Madrid y Murcia, gobernadas por el PP. Otras, como por ejemplo Navarra, gobernada por Geroa Bai, han aumentado unidades en la pública.

Desde Soy Pública queremos hacer una propuesta. Aprovechando la bajada de la natalidad, pedimos que en vez de cerrar unidades se baje la ratio. Esto no supondría necesariamente un aumento de la inversión. Se pueden mantener las unidades pero bajando la ratio, dado el menor alumnado, iniciativa que ayudaría a mitigar el fracaso escolar y mejorar la atención a la diversidad. Cualquier partido o colectivo que tenga como objetivo mejorar la educación pública puede sumarse a la iniciativa #menosNatalidadmenosRatio  #-Natalidad-Ratio. El coste, si solo se aplica en los cursos en los que la bajada de natalidad se ve reflejada, no tendría por qué incidir en la inversión pero sí supondría un gran avance para hacer más equitativo nuestro modelo educativo, ya que la medida beneficia fundamentalmente al alumnado con mayores necesidades.

Siempre hemos apostado por una bajada de ratio generalizada, Infantil y Primaria por debajo de 20 alumnos/as y Secundaria y Bachillerato, de 25.  Esta sería la mejor de las medidas, pero ante tanta inacción y tantas excusas económicas, podemos aprovechar las actuales circunstancias para ir bajando la ratio de forma paulatina.

Por supuesto esta no sería la única medida. Respecto a la eliminación de unidades, si fuera necesaria a pesar de todo, pedimos que se aplique en la educación concertada y no en la pública como hasta ahora. La concertada (herencia directa del último franquismo) se perpetuó durante los primeros años de democracia para solucionar un problema puntual, como complemento de la pública. Por tanto, si en alguna localidad o barrio es necesario cerrar alguna unidad, nos parece razonable que, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, a tenor de los datos expuestos, se cierren en la privada concertada, esto es, aquella que es subvencionada con el dinero de todos.

Si seguimos manteniendo la actual deriva, cerrando unidades públicas y abriendo privadas, en pocos años la educación pública será residual, tal y como pretenden aquellos que buscan privatizar los servicios públicos. Hay que tomar partido y posicionarse, ¿queremos una educación completamente privatizada y mercantilista?, ¿sí o no?.

Demoler lo público

En su artículo «Defender lo público» (El País, 25/07/2018), Luis Garicano, responsable de economía del partido político Ciudadanos, defiende la propuesta del MIR docente a partir de un argumento falaz.

En realidad, todo el artículo desarrolla una analogía sin fundamento. Si estamos en contra de que un gobierno elija a los cargos de responsabilidad del ámbito público por favoritismos políticos o clientelares, en lugar de por criterios de profesionalidad, entonces deberemos cambiar también el modelo de selección del profesorado de los centros públicos.

Sin embargo, el argumento carece de validez, pues el sistema actual de concurso-oposición ya es de por sí un método suficientemente válido para seleccionar a los docentes por criterios profesionales en lugar de políticos. Otro tema distinto es que la propia administración boicotee tal proceso con la idea de deslegitimarlo.

En el fondo, el artículo de Luis Garicano es capcioso porque trata de persuadir de todo lo contrario de lo que dice defender. Es otro ataque más a la educación y al sector público en general, porque parte de la lógica de que el sector público tiene como finalidad la de competir con el sector privado, y no la de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean efectivos. ¿Por qué trata de eludir el tema de la educación concertada, cuando se trata de un sector financiado con fondos públicos en el que no se garantiza que los docentes no sean seleccionados por afinidades políticas o ideológicas?

En realidad, la idea que subyace al texto de Garicano es convertir a la educación pública en una parte más del mercado, privatizarla y desregularla.  Despreciar los derechos de los trabajadores que han pasado por un duro proceso de concurso-oposición, independiente de las influencias políticas, porque tales derechos responderían, según Garicano, a «intereses clientelares de un núcleo duro de sindicalistas», y no a los intereses mismos de una función pública ejercida por profesionales independientes que no hayan sido seleccionados por enchufe o por razones ideológicas. Cosa que sí sucede en la educación privada y en la privada financiada por fondos públicos (“concertada”).

Lo más coherente sería repensar la existencia de centros privados concertados, que suponen una «competencia» desleal frente a un sector público neutral que busque hacer efectivos los derechos de todos.

OPOSICIONES DOCENTES 2018: LA GRAN ESTAFA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Desprestigiar el sistema de oposiciones para acabar con ellas

Recientemente hemos asistido a un proceso de oposiciones para seleccionar docentes de Enseñanza Secundaria con resultados catastróficos en todas las comunidades autónomas donde se han celebrado estas pruebas: en casi todas ellas han suspendido ya desde la primera prueba entre el 80 y 90 por ciento de aspirantes (muchos de ellos docentes interinos en activo, la gran mayoría licenciados con varios másteres e incluso doctorados).

Escribimos proceso de oposiciones donde tal vez debiéramos decir simulacro o pantomima de oposición, pues a todas luces algo se ha hecho intencionadamente mal para que los resultados difieran tantísimo respecto a los de similares procesos selectivos que se daban por ejemplo hace una década.

En realidad, la explicación es muy sencilla. Se ha generalizado en otras comunidades autónomas la estrategia que ya Lucía Figar empleara con éxito en la Comunidad de Madrid: denigrar el proceso de oposiciones para acabar con él, y crear un contexto favorable a la implantación del discutible MIR docente o a la selección del profesorado a dedo (ya vigente en Cataluña, por ejemplo). A la vez, se denigra al personal docente interino para justificar de cara a la opinión pública su precariedad laboral (y por extensión a todo el personal docente: si el profesor de tu hijo saca un 1 en un examen, es más fácil que estés de acuerdo con que se le recorte el salario o se diga que es un vago incompetente).

 

¿Cómo se está saboteando el proceso de oposición desde la propia Administración?

Algunas constantes que se han dado en todos los procesos selectivos para elegir docentes en las distintas CC. AA. han sido las bajas notas, las pruebas diseñadas deficientemente para dejar plazas desiertas de forma premeditada, el control férreo sobre los tribunales por parte de la Administración para sabotear todo el proceso, el escaso tiempo de correcciones por parte de los tribunales que vuelven arbitrario el proceso o la opacidad del mismo (en muchos casos ni siquiera se muestra al opositor una respuesta escrita a su reclamación de nota, algo a lo que tiene derecho todo alumno de instituto en caso de reclamación, por ejemplo).

Todas estas constantes no nos parecen casuales sino que sostenemos que sirven a un uso perverso del sistema de oposiciones por parte de la Administración, que maltrata a su propio personal interino con el fin de mantenerle en una situación de precariedad laboral  a perpetuidad para así abaratar costes de personal.

En primer lugar, es palmario que no existe voluntad de dar las plazas que se ofertan. Se anuncian determinadas plazas pero expresamente se endurece el proceso de oposición con el fin de no ocuparlas y de desprestigiar al profesorado, extendiendo la idea de que, si el opositor no supera la prueba, es porque no cuenta con la formación adecuada. Si dichas plazas están presupuestadas, deben darse en el concurso-oposición. ¿Por qué no se hace así?  En realidad, ni siquiera son vacantes nuevas, sino ya existentes que no se sacan a concurso y que están ocupadas por interinos en deliberado fraude de ley de manera perpetua.

Para no dar esas plazas ha sido preciso sabotear las normas de la propia convocatoria. Se ha saboteado la fase de concurso del proceso (concurso-oposición) e incluso la fase de didáctica, creando un proceso en el que prácticamente nadie supera la primera prueba, salvo aquellos dedicados plenamente al estudio (los aspirantes no interinos).

Al presionar la Administración para que se puntúen los exámenes con notas muy bajas, prácticamente no llegan aspirantes al segundo examen de la prueba (el didáctico). Que apenas lleguen opositores a esta prueba favorece la rotación de personal y la precariedad, aspecto con el que la Administración está encantada, porque el examen de didáctica es aquel que favorece a los interinos, quienes disponen de menos tiempo para estudiar contenidos teóricos (evaluados en el primer examen) pero normalmente se desenvuelven mejor en la prueba de didáctica (son quienes tienen más experiencia y práctica enseñando).

Y si casi nadie llega a la segunda parte del examen, diremos que la fase de concurso es ya mera ficción, pues la criba se realiza de modo tan duro que al llegar a ella hay menos aspirantes que plazas disponibles (algo que, por ejemplo, ha sucedido este año en Madrid en las especialidades como Lengua y Física y Química, pero que lleva pasando un lustro al menos en Matemáticas, donde es tradición ofertar plazas que finalmente no encuentran dueño). De este modo el concurso-oposición se convierte intencionadamente en un falso concurso: no importan los méritos porque pasar los exámenes es garantía casi segura de tener plaza (de nuevo los perjudicados son los docentes interinos ya en activo, cuya experiencia a juicio de la Administración para la que trabajan no vale nada). Solamente entre un 10 y un 20 por ciento de opositores han pasado la primera fase de la oposición (la prueba de contenidos teóricos), de manera que en muchas especialidades ni siquiera llegan a ser tantos como plazas disponibles se ofertaban.

 

Pruebas mal diseñadas y directrices estrictas para corregirlas

Explicaremos someramente por qué consideramos que las pruebas están mal diseñadas:

1. Hay pruebas que no se ajustan al nivel de lo que debe saber un profesor de Secundaria (el caso paradigmático sería el de Matemáticas, donde el nivel de dificultad de los ejercicios prácticos en el tiempo disponible vuelve la prueba sencillamente irrealizable, como reconocen los propios tribunales); otras están obsoletas y tampoco es que se ajusten al currículo (el comentario filológico, por ejemplo, que se pide en Lengua, no se trabaja así en nuestras etapas y menos el de textos históricos, como el que han debido hacer los aspirantes este año en Madrid). Por otro lado, el tiempo disponible es en muchos casos ridículo, convirtiéndose las pruebas en ejercicios de resistencia, donde el que tras horas y horas de examen a 40º mantiene los nervios a raya obtiene un mejor resultado. Evidentemente estas pruebas no sirven para elegir a un buen docente de Secundaria (mejor pensadas para cribar a opositores al cuerpo de bomberos o de técnico especialista en la desactivación de artefactos explosivos) porque estos contenidos muchas veces ni siquiera se imparten en Secundaria. Pero en lugar de poner rojo de vergüenza al que diseña estas pruebas la Administración logra que los propios docentes acabemos cruzando acusaciones ridículas entre opositores-tribunales.
2. La calificación de los prácticos (y en algunos tribunales incluso de los temas) es cada día más estricta, sin tener nada que ver con las oposiciones que se hacían hace una década, hasta un punto en que las calificaciones son sencillamente irreales (temas y programaciones hechos por un mismo aspirante en distintas convocatorias se han calificado con hasta con cuatro puntos de diferencia en ambos procesos selectivos: algo que sería un escándalo si sucediera a un alumno de instituto o universidad). Esta minusvaloración de los ejercicios de los opositores responde a la estrategia de la Administración de pretender hacer creer que saca muchas plazas pero con la intención real de repartir muy pocas de ellas, pues la mayor parte se van a dejar desiertas en varias especialidades.
3. En definitiva, el sistema actual está diseñado para penalizar al interino y mantener la rotación de trabajadores temporales. Esto favorece la precariedad, los interinos eternos y abarata costes (es obvio que favorece siempre a los más jóvenes y sin cargas familiares, es decir, los no-interinos).

 

Nueva propuesta de sistema de acceso por concurso-oposición

Si tuviéramos que definir las líneas para una nueva propuesta de oposición y examen, desde este colectivo proponemos que se fundamente en los puntos siguientes:

1. Que sea adecuado a los requisitos que debe tener un profesor de Infantil, Primaria o Secundaria, o del cuerpo correspondiente en cada caso, y a los contenidos que emplea en su labor docente. No tiene sentido basar los ejercicios prácticos en autores que no se imparten en el temario de Secundaria ni Bachillerato (caso de las especialidades de Filosofía o Lengua de este año, por ejemplo).
2. La nota no debería refrendarse en cada convocatoria sino que un profesor debería presentarse a subirla solo de forma voluntaria, pues se mantendría una vez conseguida.
3. La ponderación de las pruebas debería ser equitativa y dar similar valor a ambas partes del primer examen (tema y prácticos); por ejemplo, la que existía antiguamente: 60-40 a favor del tema, o bien 50-50. Además, la parte teórica no debería ser eliminatoria, sino que todos los aspirantes realicen la parte de contenidos (tema y prácticos) y la parte didáctica (programación y unidad), siendo su nota un compendio de ambas pruebas. Los conocimientos son esenciales, y los tiene más frescos quien sale de la universidad; la didáctica y aptitudes de exposición oral para un docente no lo son menos, y eso favorece al interino. Por otro lado, el tiempo destinado a las pruebas debe ser razonable y mayor que en la actualidad, donde muchas pruebas son maratones de resistencia. Y los prácticos no deberían valer como ahora mismo un 70 por ciento del examen, sencillamente por prudencia: son la parte que más fácilmente puede filtrarse.
4. Urge establecer medidas de control para evitar las calificaciones arbitrarias: menos opositores por tribunal; exámenes y deliberaciones de los tribunales abiertos al público; alargar el tiempo destinado al proceso para contar con tiempo adecuado y ajustado a la legalidad para la corrección de las pruebas (los tribunales corrigen a veces 12 horas al día); establecer un sistema de correcciones justificadas y escritas al opositor, así como un sistema de reclamaciones objetivo y detallado, realizado por un tribunal distinto al que establece la nota reclamada; grabación de las pruebas para que puedan consultarse las exposiciones orales en caso de reclamación; remuneración adecuada a los tribunales; tribunales solo forzosos y por sorteo (los tribunales voluntarios pueden responder a intereses espurios) y, en caso de aceptarse los tribunales voluntarios, proponemos la inhabilitación o apertura de expediente y sanción grave a los preparadores de oposiciones que se presentan como tribunales voluntarios al proceso selectivo (situación extremadamente grave que se da en la actualidad).
5. Los presidentes de los tribunales (especialmente, el del tribunal 1 de cada especialidad, que es el que regula y coordina el proceso) no deben ser designados discrecionalmente por la Administración como sucede actualmente, sino que deberían ser seleccionados conforme a criterios objetivos de currículo, bien en su especialidad, bien en innovación pedagógica, o por votación abierta de la comunidad docente de compañeros de su especialidad, dentro de un listado de candidatos posibles, o bien por sorteo, como se hace con los miembros de un tribunal ordinario.
6. Un examen tipo MIR es inviable en muchas especialidades y solo perjudicaría a los opositores menos jóvenes o con responsabilidades familiares, luego también impediría la consolidación de empleo. Por ello, entendemos que los exámenes deben ser de desarrollo, análisis o comentario de textos o documentos, así como de ejercicios o supuestos prácticos, tal y como son en la actualidad, pues de otra forma no pueden medirse la madurez y capacidad crítica del aspirante.

 

Soluciones colectivas a un problema de falta de consolidación de empleo

El problema que nos atañe no es un problema individual. Lo que se pretende desde la Administración es evitar a toda costa dar estabilidad al profesorado, al que se busca convertir en personal precario. Esta competencia feroz para conseguir un puesto de trabajo sería sencillamente inconcebible en la empresa privada. ¿Alguna empresa privada pondría a competir anual o bienalmente a cada uno de sus trabajadores con nuevos aspirantes a un puesto para ver cuál resulta agraciado y ocupa el puesto durante los próximos dos años?

Eso mismo es lo que sucede con interinos que llevan largo tiempo (a veces décadas) sacando el trabajo más ingrato en los institutos, preparando a los alumnos para la EVAU, siendo jefes de departamento, tutores, etc. ¿Estos trabajadores qué tienen que demostrar que no hayan demostrado ya? ¿Si no estuvieran cualificados para realizar el trabajo que desempeñan no habrían sido ya apartados del servicio por la inspección educativa?

Nos enfrentamos a un problema colectivo de consolidación de empleo, no a enfrentamientos individuales ni meritocráticos (como de forma interesada nos quieren hacer creer). Tampoco es una lucha opositores-tribunales ni opositores nuevos-opositores interinos. Los profesores deben ser funcionarios para blindar su libertad de cátedra. El problema no es el sistema de oposiciones sino cómo este se ha sido convertido en una tomadura de pelo. Por tanto, la «escabechina» vivida en las últimas oposiciones a docentes en España se debe enmarcar dentro de la estrategia de destrucción y desmantelamiento de la educación pública que se lleva desarrollando durante los últimos años en nuestro país, con bastante éxito, por cierto.

 

Exijamos responsabilidades

Como docentes, seamos ya funcionarios de carrera, funcionarios interinos o aspirantes a serlo, debemos exigir colectivamente a la Administración un proceso de oposiciones justo, que no se emplee para degradar nuestras condiciones laborales, aparejado de un proceso transparente de reclamaciones. Es intolerable que se use el sistema de oposiciones, el único que permite a cualquier ciudadano acceder en igualdad de condiciones a un puesto público, para denigrar a nuestro colectivo y para precarizarlo.

Es por ello que funcionarios de carrera, interinos y aspirantes a serlo, opositores y tribunales, debemos pedir responsabilidades y destituciones en las consejerías de Educación que a lo largo de todo el Estado han diseñado mal a sabiendas un proceso selectivo con el fin de dejar desiertas las vacantes ofertadas. Tal vez hoy este proceso mal diseñado beneficie a quienes acaban de acceder al sistema de oposiciones, pero a la larga, también a los nuevos aspirantes les perjudicará un sistema que no da estabilidad laboral al personal, así como perjudica a nuestros alumnos, cuyos profesores tienen que detraer tiempo a las tareas docentes para dedicarlo al estudio perpetuo.

En definitiva, el simulacro de proceso selectivo docente al que acabamos de asistir constituye un ataque a los trabajadores de la docencia que no se puede tolerar y ante el que debemos y podemos responder colectivamente. La defensa de una escuela pública de todos y para todos exige que se reivindique un proceso de selección de sus profesionales limpio, garantista y justo.

La innovación en el ámbito educativo – Intervención de Don Enrique P. Mesa.

Interesante intervención del compañero sobre la innovación.