Documentos

¿A dónde apuntan las reformas educativas del Gobierno del PP?

Reflexiones realizadas por el Colectivo Baltasar Gracián.

Fuente: http://www.colectivobgracian.com/

El ministro José Ignacio Wert, desde el primer día de su nombramiento, no ha parado de hacer declaraciones apresuradas sobre los propósitos (y despropósitos) del gobierno del PP en materia educativa. En una primera impresión, las medidas anunciadas en cascada pudieran parecer improvisadas y faltas de racionalidad. Pero, tal vez, esa puesta en escena -como la representada por el conjunto del gobierno y, en particular, por los ministros económicos- tengan una intención premeditada.

Pretenden, ante todo, producir miedo y desconcierto en el “enemigo” (los simples ciudadanos), crear un cierto estado de shock -como lo describe Naomi Klein en su conocido libro-, que logre paralizar cualquier tipo de respuesta y preparar el terreno para encajar golpes que, uno a uno o en condiciones normales, levantarían fuertes resistencias.

En el caso de la enseñanza, se trata de desarmar ideológica y moralmente al conjunto de la sociedad, y en particular al profesorado, respecto a las demandas, largo tiempo asentadas, acerca de una educación pública, gratuita y accesible para todos en todos sus niveles, con el Estado como responsable y garante. Quieren transmitir la idea de que se impone y se impondrá (“haremos lo que hay que hacer”) un cambio profundo de todo el sistema educativo, dando por sentado que el actual es obsoleto, ineficaz de cara a las exigencias del mercado laboral y, sobre todo, insostenible en tiempos de “crisis”, austeridad y recorte “obligado” del gasto público: cualquier situación presente, garantías y derechos, pueden ser sometidos a revisión y revocados de la noche a la mañana.

1. En continuidad con una orientación que viene de lejos

Los proyectos, todavía apenas desvelados, no son tan novedosos como para cogernos desprevenidos: están en continuidad con los principios que inspiran desde hace décadas la ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, incluidas la sanidad y la educación. Su “liberalización” -a la par de otros sectores que ya han puesto en circulación en el “mercado”- implica el recorte del gasto público, su desregulación y progresiva privatización. La denuncia de ese proceso, no siempre lineal (porque la movilización y las demandas sociales también entran en juego y han logrado frenarlo en más de una ocasión), ha sido el eje del análisis que ha venido realizando nuestro Colectivo.

Todas las pretendidas “reformas democráticas” de la enseñanza, en lo esencial, han ido en esa dirección. Poco a poco, se han introducido los referentes ideológicos y pautas de actuación de la OCDE y la UE, cuyas directrices, siempre en función de los intereses patronales, han terminado por aceptar sumisamente la mayoría de los países. En el nuestro, con desiguales ritmos y resultados, los distintos gobiernos centrales y autonómicos han ido avanzando en el retroceso y degradación de la enseñanza pública, favoreciendo la expansión de los centros privados y concertados. Bien es cierto que hasta el presente, y gracias a la constante movilización social, no se habían atrevido a tocar seriamente las partidas destinadas a educación, la regulación del sistema educativo y el status de la función docente.

2. Aprovechar la “crisis” para dar un salto cualitativo 

Sería, sin embargo, un error de bulto pensar que tampoco ahora pretenden llegar mucho más allá, que sólo habrá “algo más de lo mismo”. Por el contrario, algunos pensamos que lo que se va a poner sobre la mesa no es “otra reforma” educativa, con sesgos más conservadores (tipo LOCE), sino un avance decisivo en el desmantelamiento directo del sistema público de educación.

Bueno será tomar conciencia del momento trascendental que estamos viviendo. El espantajo de la “crisis” de nunca acabar se está utilizando para imponer un retroceso social inédito en los países europeos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero no incide de igual manera en todos los países. Para algunos, como Grecia, Irlanda, Portugal y también España o Italia, los planes de Bruselas y del FMI (junto con los ataques de los capitales especulativos) pueden suponer la ruina y empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población. En nuestro caso, como hace de forma palmaria la reforma laboral, la eliminación de derechos democráticos y constitucionales nos retrotrae a situaciones de precariedad y desprotección de muchas décadas atrás.

Aparte de las convicciones ideológicas del gobierno del PP y sus fieles seguidores, los contenidos filtrados de la famosa “carta” del BCE en el pasado septiembre al gobierno español (nunca hecha pública ni por Zapatero ni por Rajoy) parecen tajantes: el apoyo financiero para capear los problemas de liquidez y de la deuda está condicionado a “reformas” que precipiten: a) un trasvase de rentas salariales a rentas del capital del orden del 15% al 20% (“reforma laboral”); b) acometer un plan serio de privatización de los sectores públicos y, muy en concreto, de la sanidad y la educación (reformas pendientes de precisar). La Comisión de la UE y agencias de calificación crediticia, como Moody’s Corporation, acaban de insistir en lo mismo. Así de graves son los planes, ligados al objetivo de reducir el déficit público al 3% en dos años, con los que el gobierno español se ha comprometido.

3. Las previsibles líneas de ataque

Olvidado el discurso anterior sobre el avance hacia un “nuevo modelo productivo” y la “sociedad del conocimiento”, y metidos en una recesión sin fondo ni fecha de salida, la “adecuación” del sistema educativo a las “necesidades de la economía”, asume nuevos imperativos. De una parte, un recorte sin precedentes del gasto público (el ministro ya ha anunciado que la responsabilidad del gasto educativo debe ser compartida con la familias). De otra, y siguiendo los dogmas neoliberales sobre la educación, una mayor vinculación de ésta a un mercado laboral, ahora más precario que nunca (insisten en que sobra formación que no se va a utilizar y califican de despilfarro crear titulados que tienen que emigrar fuera para buscarse la vida).

Aunque todavía se está en periodo de tanteo sobre las medidas más efectivas, el gobierno y nuestro locuaz ministro no han ocultado que Madrid es guía y modelo de por dónde avanzar en todas partes, sin despreciar otras iniciativas de CC.AA. prestas a competir en ocurrencias y desmanes (Cataluña, Valencia,…). Ese “modelo”, muy parecido a lo que se está haciendo en otro servicio básico como la sanidad, se plantea como horizonte:

a) En primer lugar, y de forma perentoria, recortes presupuestarios muy superiores a los conocidos en el presente curso. Tarea encomendada, sobre todo, a gobiernos autonómicos y municipales por tener transferidas las competencias. Aparte de una reducción severa de efectivos (menos profesores con más horas y más alumnos) y eliminar recursos habituales y compensatorios en la Escuela Pública, su degradación y encogimiento deben ir paralelas a la promoción de las fórmulas de “copago”.

Efectivamente, como insisten los anuncios publicitarios puestos en marcha, “un puesto escolar privado es más barato que uno público”, porque, aparte de no atender zonas y pueblos no rentables, lo pagan en su totalidad o en parte las familias (mediante cuotas y “donaciones” complementarias e ilegales en el caso de los concertados). La patronal privada propone pasar directamente a la fórmula del “cheque escolar” en todos los niveles y redes de centros: una subvención igual e individual para todos los alumnos, que las familias se verían obligadas a complementar de acuerdo con el nivel de calidad y costes de cada centro. Un primer paso en esa dirección es la desgravación en la declaración de la renta por el gasto educativo de las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados.

b) En segundo lugar, y vinculado a lo anterior: puesto que la escolarización en centros privados sale más barato al estado, el objetivo será extender los procesos de privatización hasta dejar la enseñanza pública gratuita en situación marginal y mínima calidad, a modo de beneficencia para los sectores más depauperados. Ya lo es en buena parte de la Comunidad de Madrid, donde la privada suma el 48%, y aún más en Madrid capital donde llega al 67%. Avanzar hacia esos porcentajes a escala estatal supondría, efectivamente, cambiar de modelo y un buen ahorro de gasto público (y mayor coste para las familias), sin descartar otras formas de copago en los propios centros públicos (la eliminación de becas de comedor, libros, matrícula,… ya son un anticipo).

La concertación de todo el Bachillerato, al iniciarse dentro de la etapa obligatoria, y la reducción paralela de los grupos que lo cursen en los IES puede ser una de las primeras decisiones. La progresiva implantación de la “formación dual” (pese al débil tejido industrial español), con incentivos a las empresas y facilitando un tipo de contrato aún más precario que los ya decretados, puede llevar a un desmantelamiento acelerado de la FP pública y del costoso mantenimiento de sus instalaciones.

Tampoco habría que descartar que, ante la incapacidad de ayuntamientos y CC.AA. de mantener siquiera los centros públicos, no se limiten a facilitar terrenos gratis a los privados y priorizar su construcción, sino que cedan algunos colegios públicos a entidades privadas, como se está haciendo con los hospitales (y ya se intentó con el CEIP de El Álamo, siguiendo un ejemplo extendido en Gran Bretaña).

c) En tercer lugar, el avance hacia distintas formas de privatización del grueso del sistema educativo exige la desregulación del propio sistema. Se trata de romper las fronteras entre lo público y lo privado, favoreciendo su interpenetración y confusión: un sistema público, regido y regulado por sus propias normas y leyes (y, por tanto, poco “flexible”), es inasumible por las empresas privadas que, como han hecho en la apropiación de otros servicios públicos, exigen su previa “liberalización” y rentabilidad, de acuerdo con las leyes del mercado.

Se empezó por “externalizar” servicios como limpieza y comedores. Se ha continuado con encomendar a entidades privadas (con o sin “ánimo de lucro”) programas de refuerzo y actividades extraescolares. Ahora se va más allá, introduciendo dentro del currículo académico y del horario lectivo personal privado y ajeno a los requisitos de acceso a la función docente (nuevo tipo de contratos a “irlandeses”, fundación Botín “Empieza por educar”, etc.). También se deriva hacia entidades privadas funciones de control y evaluación del sistema (formación del profesorado, evaluación de centros,…).

Se trata, en definitiva, de desestructurar la función pública, empezando por el propio cuerpo de funcionarios públicos y sus “privilegios”. No sólo la organización y gobernanza de los centros públicos han de asimilarse al “modelo de gestión privada”, como se viene postulando, sino que también lo han de ser las condiciones del profesorado. Así, además de configurar un personal docente más flexible y precario, podrá ser fácilmente intercambiable y reconvertible a las condiciones que rigen, por ejemplo, en un centro concertado. Para empezar: ¿Por qué no una bolsa común de profesores en paro administrada por ETTs -ahora autorizadas para gestionar empleo público- para ofrecer indistintamente puestos de trabajo para unos y otros centros?

4. Una formación precaria para un mercado laboral precario

Como se ha dicho más arriba, el discurso políticamente correcto hasta hace poco vigente hablaba de buscar salida a la crisis ganando en “competitividad” sobre la base de un “nuevo modelo productivo”, orientado hacia sectores de “alto valor añadido”, que exigen más formación y cualificación, en el marco de una “sociedad del conocimiento y la información”, con un desarrollo significativo en I+D, y bla, bla, bla.

Ese discurso ha quedado arrumbado, empezando porque no hay impulso sino reducción o desmantelamiento de las escasas infraestructuras de investigación; no hay nuevo modelo productivo sino cierres de empresas y recesión, pérdida masiva de empleos en todos los sectores y en todos los niveles de cualificación.

Ahora la competitividad estriba exclusivamente en recortar gasto e inversiones por doquier y rebajar las condiciones laborales hasta emular “la cultura del esfuerzo del pueblo chino”, según propone uno de los prohombres de la patronal. Esto es: incrementar hasta límites insospechados los niveles de explotación y desprotección.

En las condiciones presentes, hay que abandonar definitivamente los postulados de igualdad y acceso generalizado a la formación, como bien social y derecho democrático de todos los ciudadanos a la educación, tal como se ha mantenido siquiera formalmente. Los mensajes actuales, y con todo descaro, van en sentido contrario:

– La Educación Superior quedará reservada sólo para una élite “excelente”, académica y económicamente (el frágil y contraído mercado español no necesita tantos titulados superiores), sobre la base de encarecer mucho más las matrículas (especialmente los másters) y reducir becas. De otro lado, el recorte en la oferta de títulos -con la reconversión anunciada de universidades, facultades y escuelas- y su desigual validez en el mercado según el ranking de “excelencia”, son medidas añadidas para lograr en poco tiempo un freno serio al acceso “masificado” a los estudios superiores.

– También se piensa establecer, de forma más clara y eficaz, la orientación/selección de los flujos de alumnos en la Secundaria, adelantando la diversificación de itinerarios a partir de 3º de la ESO (algo parecido se planteaba en la LOE). Se refuerza, así, nuevamente un sistema ramificado y sin fácil retorno, desviando a la mayoría de forma definitiva hacia niveles de escasa formación y multiplicando los obstáculos para reincorporarse en los caminos “excelentes”.

– En la Educación Infantil, dejada en su mayor parte en manos de la iniciativa privada, propicia que, desde el comienzo, se alimente la vía privada, sin solución de continuidad en los siguientes niveles, para aquellas familias que puedan pagarla, a la vez que redundará inevitablemente en mayor desigualdad en educación y expectativas desde la base.

– La formación ha de ajustarse (tanto por costes como por rentabilidad) a las necesidades de las empresas; y las empresas españolas que sobreviven a la crisis sólo necesitan mano de obra barata y flexible. La FP de grado medio, el menor nivel de cualificación, es más que suficiente para la mayoría de los puestos de trabajo que se van a ofertar (hacia ella debe encauzarse el mayor flujo de alumnos y, de paso, “solucionar” con menores exigencias, y sólo a efectos de estadística, el fracaso escolar). Es el tipo de formación que genera menos expectativas salariales y se adecúa mejor a aquello de “formarse a lo largo de la vida”, es decir, plegarse a las tareas cambiantes que exige cada uno de los trabajos eventuales sobre los que el joven trabajador irá saltando cada poco (en el mejor de los casos). Si esa FP se inserta, de forma “dual”, en las empresas (según el propósito declarado por el nuevo ministro), será el modo más eficaz de acomodarse a las concretas “competencias” que el mercado laboral le exige al joven en cada momento. Es el propio empresario (que tutelará hasta el 60% del currículo de dicha formación) el que, en definitiva, certificará su aptitud y le facilitará el título. Otra forma no sólo de privatización del sistema público de enseñanza, sino también de su desregulación.

De esta manera, la excusa de la “crisis” no quedará en simple argumento para un recorte “temporal” de los recursos destinados a la educación (y a otros servicios públicos). Más bien, se convierte en la oportunidad para asentar de forma definitiva la eliminación del concepto de educación como derecho ciudadano y responsabilidad de las administraciones públicas, para vincularlo directamente a las exigencias del mercado laboral y a la responsabilidad del individuo (y, antes, de su familia). Al futuro trabajador no le queda otra opción personal que la de adaptar su itinerario formativo a la de su presunta empleabilidad en un mercado inestable y depauperado, en condiciones nuevas y más precarias, que le vienen impuestas desde fuera y sin ningún tipo de regulación.

5. La resistencia ante la destrucción de la Escuela Pública y de todo derecho ciudadano

Como siempre, una cosa son los planes de los de arriba y otra su capacidad de imponerlos, como ellos quisieran, a quienes toca sufrir sus inaceptables consecuencias.
La masiva y prolongada movilización de la “marea verde” (y no sólo en la Comunidad de Madrid), de la que muchos somos partícipes y testigos, ha puesto de manifiesto la disposición del profesorado y de amplias capas de la ciudadanía a oponerse a cada una de las medidas dirigidas a la degradación y desmantelamiento de la enseñanza pública. A pesar de los altibajos propios de cualquier proceso de movilización extendido en el tiempo, ha cundido la conciencia del peligro que se cierne sobre conquistas democráticas fundamentales en el terreno de la educación (universalidad, gratuidad, calidad,…).

Nadie ignora las limitaciones en el grado de organización, democracia interna y contundencia de las acciones desarrolladas hasta ahora, que han impedido el éxito deseado del amplio movimiento levantado en defensa de la Escuela Pública (la de todos y para todos). Pero también son ciertas las debilidades de un gobierno que, alardeando de mayorías absolutas, se ve obligado a dar marcha atrás en su política de provocación e intimidación ante la protesta en la calle de un puñado de chavales de un instituto de Valencia y la respuesta ciudadana desencadenada en su defensa.

Poco ayudan a desbloquear la situación la actitud suicida de los dirigentes sindicales, empecinados en pactos imposibles y en supuestas negociaciones con quienes exhiben de continuo una inusitada prepotencia para imponer por las bravas medidas de hondo calado antisocial y antidemocrático. Los obstáculos con que se ha encontrado hasta ahora la movilización social -el único medio para frenar planes tan devastadores- no pueden perpetuarse so pena de llevarnos al descalabro que los poderes reaccionarios están orquestando.

La convocatoria de Huelga General, a la que se han visto obligados los mismos aparatos sindicales puestos en la picota, debe ser aprovechada como punto de apoyo y un primer paso para organizar, desde todos los ámbitos, la respuesta a los ataques generalizados a las condiciones más elementales de vida y trabajo, a todos los derechos conquistados a lo largo de muchos años de lucha.

La gravedad del momento plantea que esta huelga y las que probablemente la han de seguir, deben ir más allá de una simple huelga laboral, convirtiéndola en una movilización social y política en su más amplio sentido. Social, porque ha de organizarse desde pueblos y barrios en conexión con los centros de trabajo y estudio; con la participación de parados y jóvenes a los que se niega todo futuro. Política, porque ha de dirigirse a quienes dicen representar la voluntad de los ciudadanos para plegarse a renglón seguido a las imposiciones de poderes ajenos a la democracia. Los gobiernos en todos sus niveles (central, autonómico, municipal) y los parlamentarios, que pretenden ser depositarios de la soberanía popular, están obligados –hay que obligarles- a hacer ley de los intereses y reivindicaciones de la mayoría de la población.

Ese proceso constituyente, que empieza a tomar forma en asambleas populares, en los centros de trabajo y a distintos niveles territoriales, es el que puede unir todas las fuerzas en una sola dirección: echar abajo las contrarreformas en marcha, blindar de forma constitucional no prebendas de corruptos y especuladores sino leyes que nos hacen y defienden como ciudadanos iguales, recuperar y hacer efectivos los derechos que nos otorga la consideración de seres humanos y nos permiten vivir en sociedad: trabajo digno, vivienda, prestaciones sociales universales como la sanidad y educación, protección contra el desempleo, etc.

Tenemos mucho camino por andar, por discutir y hacer. Todo menos entregarnos de antemano y dar por perdida una lucha que, en el nuevo marco político y en las nuevas formas de responder, no ha hecho sino empezar.

8 comentarios sobre “¿A dónde apuntan las reformas educativas del Gobierno del PP?

  1. No sé quién ha escrito este texto pero es francamente bueno por una simple razón de metodología científica: es capaz de unir todos los elementos dispersos (por el poder) en una hipótesis que los une y les da sentido. Enhorabuena y sin embargo, qué dolor me produce leer la crudeza de los teoremas que se siguen de todo esto.
    Salud y res-pública

  2. Es una conferencia muy interesante, larga pero que se puede ir viendo tranquilamente con pausas para todo lo demás que compone nuestras vidas, que nos permite pensar sobre lo expuesto, que nos da argumentos, que nos da razones y nos permite tener una OPINIÓN informada.

    Es tan importante que sepamos para que podamos defendernos del expolio al que nos quieren abocar. Compartir con vuestros amigos, familias, conocidos y desconocidos. Porque el Saber ha de ocupar un lugar en nuestras vidas. Gracias.

  3. Todo un ejemplo de pulcritud, mesura y pies en el suelo. De aquí a la conspiración judeo-masónica-rosacruces va un paso. Ya es hora de que se sepa que la crisis de las hipotecas sub-prime la hizo el PP para hundir la enseñanza pública (de una calidad reconocida por todos, a los textos aquí presentes me remito). Hasta cuando conseguirán ocultándolo con su mayoría absolutísima, en cuanto pierdan se sabrá cómo hicieron el sabotaje del transbordador espacial Columbia para montar una escuela concertada en el solar donde cayó.

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s