El supuesto informe elaborado por la Consejería de Educación (supuesto porque nadie salvo la propia administración madrileña ha tenido acceso a él) no es sino un paso más en la campaña de desprestigio docente puesta en marcha desde hace años por la Comunidad de Madrid.
Los ideólogos neoliberales buscan la privatización de los servicios públicos a través de una serie de estrategias como son degradarlos y encarecerlos, o bien mediante la promoción de campañas de comunicación para extender la idea de que la gestión privada es más rentable y eficiente que la pública. En la educación, además, al igual que sucede con la sanidad, se afanan en defender los intereses de los centros privados, degradando los públicos a la vez que se procuran subvenciones y privilegios públicos para los centros privados. Es el caso de las desgravaciones en la enseñanza privada que introdujo la siempre pionera en privatizaciones Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, o el fraude de ley del cobro de cuotas en las escuelas concertadas que no nos cansaremos de denunciar.
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