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Demoler lo público

En su artículo «Defender lo público» (El País, 25/07/2018), Luis Garicano, responsable de economía del partido político Ciudadanos, defiende la propuesta del MIR docente a partir de un argumento falaz.

 

En realidad, todo el artículo desarrolla una analogía sin fundamento. Si estamos en contra de que un gobierno elija a los cargos de responsabilidad del ámbito público por favoritismos políticos o clientelares, en lugar de por criterios de profesionalidad, entonces deberemos cambiar también el modelo de selección del profesorado de los centros públicos.

 

Sin embargo, el argumento carece de validez, pues el sistema actual de concurso-oposición ya es de por sí un método suficientemente válido para seleccionar a los docentes por criterios profesionales en lugar de políticos. Otro tema distinto es que la propia administración boicotee tal proceso con la idea de deslegitimarlo.

 

En el fondo, el artículo de Luis Garicano es capcioso porque trata de persuadir de todo lo contrario de lo que dice defender. Es otro ataque más a la educación y al sector público en general, porque parte de la lógica de que el sector público tiene como finalidad la de competir con el sector privado, y no la de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean efectivos. ¿Por qué trata de eludir el tema de la educación concertada, cuando se trata de un sector financiado con fondos públicos en el que no se garantiza que los docentes no sean seleccionados por afinidades políticas o ideológicas?

 

En realidad, la idea que subyace al texto de Garicano es convertir a la educación pública en una parte más del mercado, privatizarla y desregularla.  Despreciar los derechos de los trabajadores que han pasado por un duro proceso de concurso-oposición, independiente de las influencias políticas, porque tales derechos responderían, según Garicano, a «intereses clientelares de un núcleo duro de sindicalistas», y no a los intereses mismos de una función pública ejercida por profesionales independientes que no hayan sido seleccionados por enchufe o por razones ideológicas. Cosa que sí sucede en la educación privada y en la privada financiada por fondos públicos (“concertada”).

 

Lo más coherente sería repensar la existencia de centros privados concertados, que suponen una «competencia» desleal frente a un sector público neutral que busque hacer efectivos los derechos de todos.

 

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