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Marco legal y privilegios de la Iglesia Católica

Conviene considerar algunas leyes que nos han llevado a la situación actual respecto a la injerencia de la Iglesia Católica en la vida de los ciudadanos de nuestro país y por ende en la educación PÚBLICA contraviniendo el carácter público, precisamente, de dicha educación.

Ya en el primer documento que presentamos se define lo público como lo común, lo que concierne a todos y cada uno de los ciudadanos, separado de la esfera privada, ámbito en el que deberían situarse todo tipo de creencias religiosas o no, que por derecho deben convivir en régimen de igualdad. Es decir, lo público es lo que permite el respeto mutuo, la vida en común, no presidido por ninguna creencia.

Podemos considerar esta injerencia como una herencia del franquismo, que hemos ido arrastrando desde la muerte del dictador en una etapa de transición que consideramos no acabada. En otro post  consideramos que la transición no acabará hasta que no se haga memoria histórica y se reconozcan las víctimas de la dictadura; pues bien, tampoco acabará hasta que no se resuelva definitivamente el papel predominante de la religión católica, por encima de otras creencias y por encima del derecho a no tener ninguna creencia (increencia).

Por ello nos remitimos a los siguientes documentos, donde se presentan las leyes que han permitido el marco actual, donde no sólo no pierde protagonismo el papel de una iglesia determinada  que vive de espaldas a una sociedad cada vez más plural, sino que desde ese ámbito legal parece pretender, desde posturas cada vez más radicales y beligerantes, aumentar su influencia en la sociedad  a través de la educación , por supuesto con la connivencia y apoyo del partido del gobierno, ahora, pero también gracias a la falta de voluntad del partido hoy en la oposición.

*  “La consideración política de la increencia”:

http://www.europalaica.com/colaboraciones/LA_CONSIDERACION_POLITICA_DE_LA_INCREENCIA_DICIEMBRE_2007.pdf

J. Fco. González Barón en este documento (anexoI) describe sumariamente este marco legal:

  • Los Acuerdos de 1976 y 1979 entre el Estado español y la Santa Sede en un momento preconstitucional que introduce:

1) La noción, aceptada sin crítica alguna por el Estado, de “libertad religiosa”, tal como esta emana directamente del Concilio Vaticano II.

2) La renuncia, por parte del Estado (y esto a cambio de nada), a participar directamente en la designación de obispos, que sin embargo siguen siendo autoridades civiles o militares.

3) El compromiso de sustituir por nuevos contenidos los restantes artículos del Concordato de 1953, cosa que se hará con los Acuerdos de 1979, ya negociados antes de que se apruebe la Constitución:

-Asuntos económicos.

-Asuntos jurídicos.

-Enseñanza y asuntos culturales.

-Atención religiosa a las fuerzas armadas.

El Concordato de 1953 no ha sido, pues, abrogado jamás.

  • Por el artículo 16 de la Constitución

En el Artículo 16.1, la libertad ideológica y la libertad religiosa y de culto se reconocen como un derecho de los individuos y de las comunidades. Y, como hemos visto en toda la jurisprudencia emanada desde entonces desde el Tribunal Supremo y desde el Tribunal Constitucional, el término “comunidad” se entiende de la manera más amplia: desde un municipio a un colegio público, desde el ejército a un cuerpo o una compañía del mismo o de las fuerzas de seguridad…

Lo que caracteriza a una comunidad, a diferencia de una asociación o una organización de carácter privado, es que el individuo no puede sustraerse, sin más, de su pertenencia a la misma. Como ya hemos visto este derecho pertenece a la esfera privada no al ámbito de las comunidades.

(…)

El Artículo 16.3, tras el enunciado de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, crea la coartada para legitimar el actualizado Concordato con la afirmación de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Para empezar, aquí ha desaparecido toda consideración positiva de las convicciones de carácter no religioso. Pero, como además veremos, la supuesta “cooperación” con la Iglesia Católica llega a desarrollar todo un corpus jurídico de Derecho Eclesiástico del Estado que la convierte en entidad de derecho público y, por lo tanto, en religión estatal, en franca contradicción con el primer enunciado del artículo que nos ocupa.

  • Y por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

Quedando vigente la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, los agnósticos, los ateos y los creyentes eclécticos que quieren ser ciudadanos fuera de ámbitos estrictamente cultuales permanecen en la misma situación de discriminación y de marginación. Y eso, traducido a propuesta política y jurídica, es fundamentalismo.

Las consecuencias de esta piedra angular del renovado nacionalcatolicismo, las padecemos, fundamentalmente, en cuatro ámbitos ampliamente visibles:

(…)

3) En materia educativa, lo que en la Declaración Universal es un derecho preferente de los padres (creyentes o no) a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos se convierte aquí en un derecho exclusivo de los padres católicos (los pactos con musulmanes y protestantes no generan las mismas obligaciones), con el mantenimiento de otro parafuncionariado de catequistas en las escuelas y toda una red de centros de ideario católico sostenidos con dinero público (casi el 90% de la enseñanza privada concertada).

4) Con la reintroducción en 1995 del delito de blasfemia (artículos 522 a 525de Código Penal),  bajo la máscara de “ofensa a los sentimientos religiosos”, la concepción emanada de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que hace de cualquier convicción no religiosa una “ausencia de convicciones”, convierte también en este terreno al Estado en brazo secular de la Iglesia Católica (y de otras confesiones, aunque en menor medida), castigando como delitos los pecados.

NOTA: Aconsejamos leer detenidamente este documento en su totalidad, puesto que el autor concreta y desarrolla algunos conceptos claves como los de “libertad religiosa” y “libertad de conciencia”, el de “increencia” (que da título al artículo) o la Iglesia católica como cuarto poder.

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Como bien nos recuerda el presidente de Europa Laica, ningún gobierno se ha preocupado por cambiar esta situación, todos han mirado para otro lado, quizás temiendo el coste político que pudiera acarrearles. Pero también puede que este argumento no esté nada claro si nos atenemos a un estudio realizado en el año 2008  (La Iglesia pierde parte de su influencia), con el cual podemos considerar que el PSOE traicionó a muchos de sus electores (y no electores), que precisamente les votaron para que la pretendida aconfesionalidad del estado se hiciera realidad. Pero ellos, miraron para otro lado y prefirieron pactar o dejar hacer a las jerarquías eclesiáticas.

* La pérdida de derechos, tiene que ver con el modelo de Estado

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2012-02-22/la-perdida-de-derechos-tiene-que-ver-con-el-modelo-de-estado/2012022213585600125.html

Por otro lado, porque la Constitución, en su calculada ambigüedad, en aras al consenso de la denominada transición, incorporó un modelo de jefatura de Estado con una monarquía católica, impuesta por el general Franco, a través de la denominada Ley de sucesión. Además de colocar en el articulado general algunos retazos confesionalmente católicos, como la referencia expresa a la iglesia católica (única entidad privada que figura en la Constitución), el reconocer conciencia a los colectivos y el dar potestad a las familias, para que eduquen a sus hijos como lo deseen, sin tener en cuenta las limitaciones del derecho internacional a la libertad de conciencia de los menores.

También, porque las diferentes mayorías parlamentarias -UCD, AP, PSOE, PP, con las coaliciones nacionalistas varias- que han sostenido a los Gobiernos, desde 1978, no han dado pasos firmes para defender el derecho a la libertad de conciencia de toda la ciudadanía por igual.

Y por último, porque el tejido social organizado, mayoritariamente, no ha contemplado como prioritario de sus agendas políticas, la construcción del Estado laico.

Que vivimos en un Estado confesional católico se evidencia porque, incluso, se ha aumentado la financiación estatal del culto religioso (ampliamente católico); continúa la donación de bienes y patrimonio público a la Iglesia católica y, ahora, muy tímidamente a otras confesiones; se permite a la Iglesia católica que, con dinero público, financie proselitismo religioso a gran escala; se les exonera de impuestos tan importantes para los ayuntamientos como el IBI; y además se le financia la enseñanza del catecismo en la escuela pública en horario lectivo, así como toda la enseñanza en los centros educativos de “ideario católico” que han crecido, cuantitativamente, en los años de democracia. Además, se siguen organizando actos religiosos de Estado que deberían de tener una finalidad exclusivamente civil, como funerales, apertura de años judiciales y otros eventos. Se mantienen capellanes-funcionarios católicos en el Ejército, cárceles y hospitales, así como simbología y actos religiosos en estos y en algunos lugares públicos, como centros educativos. Los ministros y otros cargos representativos siguen prometiendo o jurando su lealtad al Estado delante de simbología católica. En el código civil y penal existen conceptos del dogma católico y confiere al matrimonio canónico católico efectos civiles (ahora también a otras confesiones en virtud de acuerdos suscritos con el Estado). Los poderes públicos permiten (y protegen) la objeción a profesionales de la sanidad, la judicatura o la educación por cuestiones religiosas en el marco de lo público, sin tener alternativas que garantice la libertad de conciencia individual de cada persona., etc.

Curiosamente, y a pesar de ello, la jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias integristas, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo (consiguiéndolo en algún ámbito, como es el de la enseñanza y la financiación) y, ahora además, se supone que en cuanto a los derechos civiles: entre los que destacan la salud en sus diversas faceras como la reproductiva, los avances científicos, la buena muerte, … y, por supuesto, en cuanto a la igualdad de género e identidades sexuales.

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Sin embargo ahora que el PSOE ha pasado a la oposición  pretende reivindicar una España laica y revisar los acuerdos que en el mejor de los casos no ha retocado, parece que no tuvo tiempo de hacerlo durante sus legislaturas. Esta falta de compromiso y ese deseo de no enfrentarse con la Iglesia ha permitido una estructura educativa en la que florecen los colegios concertados mientras se recorta en los públicos, entre otras cosas. Situación que todos conocemos muy bien.

* La izquierda se une por primera vez para quitar privilegios a la Iglesia

http://www.publico.es/espana/422795/la-izquierda-se-une-por-primera-vez-para-quitar-privilegios-a-la-iglesia

Debate reabierto, pues. Que no nuevo, pues en las dos últimas legislaturas, con José Luis Rodríguez Zapatero al mando del Gobierno, también asomó la demanda de revisar los acuerdos de 1979. La capitanearon los grupos de la izquierda minoritaria. El PSOE la aplastó con la ayuda del PP. El Ejecutivo incluso enterró en 2010 su prometida reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) de 1980. Ya no era una cuestión “prioritaria” por la crisis. Y alegó “falta de consenso”.

(…)La marcha atrás ha galvanizado el recelo del resto de la izquierda, que ahora no se cree el giro de Rubalcaba, tachado de “oportunista” y “carente de credibilidad”.

(…)”¡A buenas horas!”. Gaspar Llamazares no puede contener la indignación. Enseguida se retrotrae a 2006, cuando María Teresa Fernández de la Vega anunció el nuevo modelo de financiación de la Iglesia, cuando el porcentaje de asignación de la casilla del IRPF saltó del 0,52% al 0,7% y se le hizo pagar el IVA en la compra de bienes e inmuebles. El cambio no supuso modificar los acuerdos de 1979. Bastó introducirlo en la Ley de Presupuestos de 2007 y un canje de notas con el Vaticano.

“El PSOE consolidó los privilegios de los obispos, y no se atrevió a sacar una nueva LOLR light. Así que ahora son fuegos fatuos, pólvora del rey, para medirse con Chacón”, protesta el portavoz de IU .

Toda propuesta, sin embargo, está condenada a estrellarse. El PP ya despachó el asunto con un portazo. Reformar el Concordato “no genera empleo, pero sí puede generar conflictos”, dijo Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso.

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Otra ley, la ley hipotecaria que nace en 1946 en pleno franquismo, es decir en un estado confesional en el que la iglesia forma parte de la organización estatal, tal y como señala una abogada experta en derecho hipotecario (en el minuto 17:05) la cual afirma que esta ley se encuentra en plena contradicción con el artículo 16 de la constitución. Pues bien, esta ley da potestad de inscribir a nombre de la iglesia católica cualquier propiedad que no posea dueño, esto se llama inmatriculación .  Esta ley, deducimos del presente documento, sólo ha sido modificada en una ocasión y en beneficio de la Iglesia; en 1998  el Gobierno español permite que se inmatriculen, también los lugares de culto.

* Programa EN PORTADA – “Con la iglesia hemos topado”

http://www.rtve.es/television/20101209/repor-iglesia-hemos-topado/383158.shtml

En los últimos años, en Navarra, el Arzobispado ha inmatriculado más de un millar de propiedades, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia. Algunas son lugares de culto como ermitas o iglesias y otras son más variopintas: garajes, casas, huertos o algún que otro viñedo o finca de labor. Precisamente en esta comunidad se ha constituido la Plataforma en Defensa del Pueblo Navarro que ha denunciado este tipo de inmatriculaciones.

Desde la Conferencia Episcopal también se recuerda la legalidad de las inmatriculaciones en aras de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 que rigen en España. Pero otras voces como la de Alejandro Torrescatedrático de Derecho Eclesiástico opinan que la Iglesia Católica goza en España de privilegios más propios del Antiguo Régimen que no de los que le correspondería en un Estado aconfesional.

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Para completar el marco legal debemos recordar que la Iglesia está exenta del pago del IBI, como podemos comprobar si revisamos los acuerdos de 1979, artículo IV  entre el Gobierno Español y la Santa Sede, en los cuales las casas de residencia de los curas también se verán exentas de dicho pago

Y la Ley de Mecenazgo de 2002, disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas:

3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

A este respecto aportamos esta reflexión:

* Si la iglesia pagara el IBI.

http://periodistaparada.blogspot.com/2012/03/si-la-iglesia-paga-el-ibi-no-habra-que.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ImpresionesDeUnaPeriodistaEnParo+%28Impresiones+de+una+periodista+en+paro%29&m=1

Otro capítulo interesante sería el de cobrar el IBI a la misma sociedad celestial, que en este país de países debe de haber miles de propiedades inmuebles a nombre de la sacrosanta secta. Calculemos por lo bajo que haya cien mil inmuebles entre iglesias, monasterios, capillas, ermitas, conventos, sedes diocesanas, colegios y otros bienes propiedad de la secta no dedicados a ningún menester religioso, pero sí lucrativo. Pues bien, con que solo le cobraran un IBI de quinientos euros, que es lo que vienen pagando de media los ciudadanos de a pie, las arcas públicas contarían con la nada despreciable cantidad de cincuenta mil millones de euros. Y con esto tan sencillo no me digan que no se solucionaba el problema deficitario sin necesidad alguna de pedirnos ‘sacrificios’ a los españolitos, teniendo muy en cuenta además que la mayoría de ciudadanos –por mucho que cuenten a ‘los bautizados a la fuerza’, fuerza bruta por cierto, como católicos- no profesa la fe católica, en tanto en cuanto no se considera no practicante.

No vayan a creer que la medida es una excentricidad revolucionaria. El señor Monti, primer ministro de Italia, que no se caracteriza precisamente por ser un rojo, ni tan siquiera un socialdemócrata, ha decidido cambiar la ley para obligar la iglesia a pagar el ICI -el IBI italiano-, debido a la situación de crisis que vive ese país. Mas cuando se le planteó el asunto a la Conferencia Episcopal, su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, se apresuró a manifestar que la situación en Italia es diferente: “Es un error intentar comparar la situación en España con la de Italia”, afirmó, sin añadir un mísero y caritativo porqué aunque fuera de los suyos de siempre.

Por otra parte, Martínez Camino considera que “se trata de un asunto que en España está reglado por la Ley de Fundaciones, que contempla la exención de este impuesto para organizaciones que ‘ayuden al desarrollo de la sociedad’”. Sin entrar a preguntar a qué clase de ‘desarrollo’ se refiere, si tal vez al del adoctrinamiento mostrenco que llevan a cabo en los colegios religiosos, podría respondérsele, sin embargo, al portavoz de la Conferencia Episcopal que, si se ha tenido que cambiar la Constitución debido a la crisis económica, bien pudiera cambiarse una ley de rango inferior.

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Un comentario sobre “Marco legal y privilegios de la Iglesia Católica

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